Jorge García Orozco acusa intimidación; María Candelaria Ochoa Ávalos denuncia presunta violencia política de género. El litigio no despeja los cuestionamientos patrimoniales ni acredita por sí solo censura.
México.- Jorge García Orozco, colaborador de Eme Equis, compareció este 2 de noviembre ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defenderse de una denuncia por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género presentada por la diputada de Morena María Candelaria Ochoa Ávalos. El procedimiento siguió a sus publicaciones sobre el patrimonio de la legisladora: cuatro inmuebles declarados, entre ellos uno con valor de adquisición de cero pesos.
García Orozco sostiene que la denuncia pretende intimidarlo, censurarlo y distraerlo de sus investigaciones sobre presuntas irregularidades gubernamentales. Es una acusación del periodista, no una conclusión judicial: el litigio obliga a preguntar qué expresiones fueron denunciadas y con qué elementos se sostiene que constituyeron violencia por razones de género.
La controversia también llegó a la vía penal. En abril de 2026, García Orozco presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco una denuncia contra Ochoa Ávalos por presunto enriquecimiento ilícito y peculado, a partir de cuestionamientos sobre sus bienes. La presentación de esa denuncia no acredita la comisión de esos delitos.
La legisladora respondió públicamente que una propiedad corresponde a su padre, que otras fueron adquiridas mediante créditos hipotecarios y que el inmueble registrado con valor de cero pesos podría obedecer a un error de captura. El Congreso de Jalisco difundió su explicación el 21 de abril; el material disponible señala que no se ha identificado documentación pública suficiente para resolver definitivamente las inconsistencias cuestionadas.
La explicación de un posible error de captura deja una pregunta pendiente: ¿qué documentación permite aclararlo? Tener propiedades no constituye un delito y declarar un valor de cero pesos tampoco demuestra automáticamente corrupción. Pero esas precisiones no sustituyen la revisión de la congruencia patrimonial ni resuelven los señalamientos.
Ochoa Ávalos tiene derecho a solicitar protección si considera que sufrió violencia política de género. Ese derecho tampoco convierte automáticamente una investigación periodística en una conducta sancionable: corresponde a las autoridades electorales examinar el contenido, contexto y finalidad de las publicaciones, sin equiparar toda crítica a una mujer con violencia ni toda denuncia contra un periodista con censura.
El material no detalla las expresiones específicas denunciadas ni informa de una resolución que determine responsabilidades. Sin esos elementos, sería injustificado dictar una condena anticipada contra cualquiera de las partes. La pregunta incómoda permanece: ¿cómo se protegerán los derechos de la denunciante sin convertir el procedimiento en un freno al escrutinio del poder?
Agencia ANSIC.MX