Alrededor de siete de cada diez mexicanos apoyan un cambio legal para el Derecho a Morir con Dignidad. La CNDH sostiene que no se trata de un “derecho al suicidio”.
México.- La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, anunció que enviará al Congreso las conclusiones de un foro sobre derechos humanos y autonomía al final de la vida y acompañará el cabildeo de la Ley Trasciende. El anuncio enfrenta un saldo legislativo contundente: desde 2002 se han presentado más de 50 iniciativas federales sobre el tema y ninguna ha prosperado.
La iniciativa ciudadana, impulsada por Samara Martínez, busca regular la asistencia médica para morir en casos de enfermedades terminales o crónico-degenerativas irreversibles. Cuenta con el respaldo de cerca de 200 mil firmas y más de cuatro mil profesionales de la salud, apoyos que todavía no se traducen en una aprobación legislativa.
La propuesta no plantea una autorización sin condiciones. Exige diagnósticos médicos independientes, capacidad plena, información completa y mecanismos contra coerción. Estas salvaguardas forman parte del debate que el Congreso tiene pendiente: ¿qué objeciones concretas impiden avanzar hacia una regulación?
La CNDH sostiene que no se trata de un “derecho al suicidio”, sino de garantizar cuidados paliativos, consentimiento informado, voluntad anticipada y respeto a la autonomía cuando la enfermedad ha agotado las opciones terapéuticas. Sin embargo, el propio organismo reconoce un pendiente institucional: la Secretaría de Salud no ha entregado el dictamen técnico solicitado por el Senado desde febrero de este año.
Mientras ese documento sigue pendiente, la práctica permanece tipificada como “homicidio por piedad” y puede acarrear hasta 12 años de prisión. El contraste exige respuestas: ¿por qué no se ha entregado el dictamen y qué necesita el Congreso para discutir y resolver una propuesta con salvaguardas explícitas?
Encuestas previas, como la de 2022 de Por el Derecho a Morir con Dignidad, mostraron que alrededor de siete de cada diez mexicanos apoyan un cambio legal. Ese respaldo no sustituye la deliberación legislativa ni la evaluación técnica, pero vuelve más incómoda la pregunta que dejan las iniciativas sin prosperar: ¿cuándo habrá una respuesta de fondo sobre la autonomía y la dignidad al final de la vida?
Agencia ANSIC.MX