– Reporteros Sin Fronteras puso a un cártel en la misma lista que a varios jefes de Estado. No exageró. En México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) decide sobre la información lo mismo que un dictador decide en otros países: la garantía en México es que matar a un periodista sale gratis.
En su edición de “Depredadores de la libertad de prensa”, la organización con sede en París colocó al CJNG junto a Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Recep Tayyip Erdogan y la junta militar de Burkina Faso. Su ficha describe un método y no un exceso: amenazas, secuestros, tortura y asesinatos para imponer la ley del silencio en buena parte del país. En las zonas donde opera el cártel cerraron medios locales y al menos diez periodistas tuvieron que dejar sus hogares.
Sin embargo, un cártel no impone el silencio solo. Lo impone donde encuentra autoridades que lo protegen, policías que le sirven de halcones y fiscalías que archivan.
Los números de RSF son, en realidad, una acusación contra el Estado mexicano. Los datos son muy duros: 169 periodistas asesinados en México desde 2006, de los cuales el 98 % eran periodistas locales y al menos 34 fueron víctimas de tortura antes de su muerte. El crimen organizado y la corrupción son los principales autores de estos asesinatos; 100 de estos periodistas trabajaban sobre temas de delincuencia o asuntos policiales, y 78 cubrían principalmente la actualidad política. Solo en uno de esos 169 crímenes se ha identificado al autor intelectual.
Uno de 169. Ninguna democracia puede presentar esa cifra como una falla técnica. Es una política de hecho: la garantía de que en México matar a un periodista sale gratis.
La muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el 22 de febrero de 2026, no desarmó esa maquinaria. Ese mismo día RSF confirmó ocho agresiones contra reporteros que cubrían los narcobloqueos: disparos contra vehículos de prensa, golpizas, robo de cámaras y amenazas. A un reportero de Guanajuato le ordenaron desde una camioneta que dejara de cubrir lo que pasaba. El jefe cayó, pero la orden de callar siguió vigente.
EL CÁRTEL CON CREDENCIAL DE PARTIDO EN EL PODER
Al CJNG no le hace falta ganar elecciones. Le basta con que las gane alguien dispuesto a mirar hacia otro lado. Y las detenciones de este año muestran que esa disposición, con demasiada frecuencia, viste de guinda.
En Tequila, Jalisco, detuvieron en febrero al alcalde Diego Rivera Navarro, electo por la coalición de Morena. Lo acusan de extorsionar a tequileras y cerveceras y de tener una presunta relación con una célula del CJNG.
En Tabasco está en prisión Hernán Bermúdez Requena, el “Comandante H”. Es el presunto líder de La Barredora, grupo que las autoridades consideran aliado del CJNG, y fue secretario de Seguridad del entonces gobernador Adán Augusto López, hoy coordinador de los senadores de Morena. López niega haber conocido las actividades de su colaborador. Pero fue él quien lo nombró y lo sostuvo en el cargo.
A eso se suma lo que la inteligencia militar ya sabía. Los archivos filtrados por Guacamaya Leaks señalaban a 18 alcaldes de Michoacán por presuntos nexos con el CJNG, y al menos ocho de ellos habían llegado al cargo por Morena o por su alianza con el PT. Ninguno ha sido procesado y algunos hoy son legisladores.
En el conteo de alcaldes detenidos en la Operación Enjambre, Morena encabeza con seis casos.La ironía es que es el propio gobierno de Morena quien detiene a sus alcaldes y lo presenta como prueba de que no hay impunidad. Pero cada captura debe responder también ¿quién los postuló, ¿quién los reeligió y quién ignoró las alertas?
Morena tiene la Presidencia, el Congreso y la mayoría de las gubernaturas, y es quien decide sus candidaturas. La responsabilidad es del tamaño del poder.
OAXACA: EL SILENCIO YA TIENE MAPA
El antropólogo Claudio Lomnitz llama “zona de silencio” al territorio donde el periodismo no puede trabajar libremente: los medios callan, se autocensuran o publican notas escuetas sin seguimiento.
Juchitán es el ejemplo de manual. El 23 de septiembre, la Marina y la FGR detuvieron al presidente municipal el “Quetu”, de Morena, reelecto para el periodo 2025-2027.
Es investigado por extorsión agravada y por presuntamente proteger a Los Cromos, el brazo operativo del CJNG en el Istmo. La Fiscalía estatal asocia a ese grupo con unos 670 asesinatos en la región. Según las investigaciones, el alcalde presuntamente pasaba a Los Cromos información de las cámaras de seguridad para avisarles de los operativos. Su excomisionado de policía también fue detenido, acusado de proteger al grupo. El Estado lo sabía, y aun así Morena volvió a postular al alcalde.
Eso es una zona de silencio en estado puro: la autoridad que debería proteger al reportero es la que vigila sus movimientos. En un municipio donde las cámaras públicas trabajan para el crimen, ningún periodista local puede investigar al crimen sin investigar al ayuntamiento.
En la Costa de Oaxaca, el 9 de octubre asesinaron en Santiago Pinotepa Nacional a Hamurabi Huesca Manzano, fundador del portal Pinotepa Comunica, un medio de información local y política regional con más de 50 mil seguidores. En esa región es común que los integrantes de la mafia, a nombre de los políticos, silencien a los periodistas.
En los Valles Centrales, el 22 de julio asesinaron en San Pablo Etla a Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la televisora pública estatal y autor de la columna “El zumbido del moscardón”, conocido por sus críticas a autoridades estatales. El periodista había acusado al gobernador de Oaxaca del partido Morena de intimidaciones y amenazas. Días antes de su asesinato Leyva había señalado al Senador de Morena Antonino Morales Toledo de ganar 2.5 millones diarios con huachicol.
Son dos colegas asesinados en menos de tres meses en un estado gobernado por Morena. La representante de RSF en México, Balbina Flores, ha recordado que Oaxaca lleva años entre el segundo y el tercer lugar nacional en agresiones contra la prensa.
LAS CUATRO ASFIXIAS PARA PERIODISTAS
El cártel dispara. El poder político usa métodos más limpios, pero el resultado es el mismo: una prensa que calla. Artículo 19 documentó en 2025 un total de 451 agresiones contra la prensa, una cada 19 horas. En más de la mitad hubo responsabilidad directa de algún nivel de gobierno.
Violencia. Cuando el agresor lleva uniforme o despacha en una oficina municipal, el reportero no tiene ante quién denunciar. Este año ya van al menos nueve periodistas asesinados en el país.
Impunidad. Es lo que convierte cada asesinato en una advertencia para el siguiente. De esas 451 agresiones de 2025, la fiscalía especial solo llevó 46 ante un juez.
Acoso judicial. Es la censura del siglo XXI, y en sus casos más conocidos la firma es morenista. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores denunció al periodista jubilado Jorge Luis González Valdez. Lo detuvieron, lo procesaron por “incitación al odio” y una jueza ordenó que un censor revisara antes de publicarse todo lo que escribiera sobre ella. En Veracruz, la fiscalía del gobierno de Rocío Nahle acusó de terrorismo a Rafael León Segovia, reportero de nota roja. El cargo se cayó, pero el proceso siguió. Artículo 19 registró en 2025 el mayor número de demandas contra periodistas de su historia.
Asfixia publicitaria. El 5 de agosto, la presidenta Sheinbaum dijo en la mañanera que TV Azteca, Reforma y El Universal no reciben publicidad oficial: “Abiertamente lo digo”. México sigue sin una ley que obligue a repartir ese dinero con reglas transparentes, y quienes más lo resienten son los medios pequeños de las regiones. A eso se suma el “Detector de mentiras”, que Artículo 19 identifica como el principal escaparate para desacreditar a la prensa, y que este año creció hasta tener su propio programa.
El gobierno dice que solo combate la desinformación. Pero la secuencia debería alarmar a cualquier demócrata: desde el poder se señala al medio crítico, se le quita el dinero público y, a nivel local, se le lleva a juicio. Y si ese medio está en una región que el cártel ya amenazó, se queda solo.
El contrapoder que molesta a la cártel y al poder
El cártel y el político cómplice temen al mismo periodismo. No al que copia el parte policial, sino al que cruza datos, sigue el dinero y conecta nombres. RSF lo advierte: los más expuestos son quienes investigan los vínculos entre el crimen y las autoridades.
Casi todo lo que hoy sabemos de esa colusión lo sacó a la luz la prensa, no las fiscalías. Fueron periodistas quienes documentaron que la policía de Juchitán trabajaba para Los Cromos, quienes reconstruyeron la carrera del “Comandante H” junto a su protector político y quienes publicaron los archivos militares sobre los alcaldes michoacanos. Las madres buscadoras y los reporteros llegaron al rancho Izaguirre antes que el Estado.
Por eso el silencio no es un daño colateral, es el objetivo. El cártel que controla un territorio necesita que nadie cuente quién cobra el piso. El político que lo protege necesita que nadie cuente quién lo postuló. Y el reportero local, el que vive a tres cuadras del alcalde y del jefe de plaza, paga la cuenta de los dos.
LA LISTA QUE FALTA
RSF hizo su parte y nombró al CJNG depredador de la prensa. Falta la otra lista, la que ninguna organización internacional puede hacer por nosotros: la de los funcionarios que abrieron la puerta, los partidos que postularon sin preguntar y las fiscalías que dejaron 168 expedientes sin autor intelectual.
La presidenta firmó con RSF un compromiso para proteger a la prensa. Tras los ataques del 22 de febrero, la organización señaló que no había emitido una sola declaración específica sobre las agresiones. Un compromiso que guarda silencio cuando disparan contra los reporteros es apenas una firma.
En Juchitán, en Pinotepa y en San Pablo Etla el silencio ya tiene geografía. Lo que todavía no tiene son responsables. Y mientras eso no cambie, cada periodista oaxaqueño sabe que publicar un nombre puede costarle el suyo.
Por: Froylán Méndez Ferrer
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica de los personajes mencionados, conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que deseen formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com