– Nino acusa de persecución a los Murat, aunque uno de ellos es su compañero de bancada en Morena, y preside la comisión del Corredor Interoceánico, la región donde la Sedena documentó las redes de huachicol que hoy salpican a su círculo político. ¿Entonces su propio partido es cómplice de su ataque?
En la política mexicana hay frases que sirven para explicar y frases que sirven para no tener que hacerlo. “Mi único pecado… es no arrodillarme a una familia que siempre se ha creído amo y señor de Oaxaca” con esta frase, el senador de Morena Antonino Morales Toledo declaró a finales de octubre, ante cuestionamiento de la prensa por los señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado. Negó todo, culpó al exgobernador José Murat Casab, invocó su condición de “hombre de izquierda, indígena zapoteco” y dio por cerrado el asunto.
El asunto, sin embargo, está lejos de cerrarse. A finales de septiembre fue detenido el ex presidente municipal de Juchitán, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El ex edil pertenecía al Frente Único de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), la organización que fundó el propio Morales Toledo. El 3 de octubre, la revista Proceso publicó documentos de inteligencia militar, extraídos de los archivos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya, que desde febrero de 2019 mencionaban al hoy senador por presuntos vínculos con el robo de hidrocarburos en el Istmo de Tehuantepec.
Conviene, por tanto, volver al principio. En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entonces encabezada por Santiago Nieto, anunció el Operativo Agave Azul: una acción coordinada con la DEA estadounidense que bloqueó las cuentas de 1,939 sujetos: 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, por presuntos vínculos con la estructura financiera del Cártel Jalisco. Entre los nombres alcanzados por esa operación estuvo el de Antonino Morales Toledo, entonces presidente municipal de San Blas Atempa. Sus cuentas fueron suspendidas temporalmente y liberadas después. No hubo un proceso penal que llegara a juicio ni una sentencia condenatoria. Ese es el hecho central, y debe decirse completo: ni más, ni menos.
A ese hecho se suman otros. La Fiscalía General de la República, abrió la carpeta FED-OAXSC-0001-48-2019 por su presunta participación en una red de robo de hidrocarburos en su región natal, vecina de Salina Cruz, y determinó que no procedía ejercitar acción penal. La carpeta, sin embargo, existe. Y aquí está la distinción jurídica que el senador omite: la ausencia de un proceso penal no equivale a la inexistencia de indicios. Equivale a que, en ese momento y con las pruebas disponibles, la autoridad no alcanzó el estándar para llevar el caso ante un juez.
Una cosa es no haber sido procesado; otra muy distinta es haber sido exonerado de los hechos.
El punto más débil de la defensa de Morales Toledo es también el más evidente: el origen institucional de cada uno de esos señalamientos. Agave Azul no fue una invención de la familia Murat ni de la prensa opositora. Fue ejecutado por la UIF del gobierno de López Obrador, el mismo proyecto que el senador reivindica como origen de su carrera y de la Cuarta Transformación.
Los reportes de inteligencia los elaboró el Ejército.
La investigación la abrió la FGR.
Para que la tesis de la “persecución” se sostenga, habría que aceptar que la inteligencia financiera federal, la Defensa Nacional y la Fiscalía actuaron, todas, como instrumentos de un exgobernador priista. Esa petición no resiste el contraste más elemental: la UIF es un órgano federal de inteligencia financiera, no un despacho de litigantes al servicio de un cacicazgo local.
La contradicción tiene, además, un componente político que el senador prefiere no mencionar. Alejandro Murat Hinojosa, hijo del exgobernador al que Morales Toledo señala como su perseguidor, es hoy senador de Morena y compañero suyo en la Cámara Alta.
Si los Murat son los “amos y señores” de Oaxaca que el senador describe, fue su propio partido el que les abrió la puerta.
Denunciar al padre mientras se comparte bancada con el hijo no es una postura de principios: es una narrativa selectiva, útil para convertir un problema de expedientes en un pleito de familias.
Tampoco la liberación de las cuentas funciona como certificado de pureza. Agave Azul fue un operativo con resultados cuestionados: numerosas cuentas, incluso de familiares de líderes del CJNG, fueron desbloqueadas mediante amparos en los meses siguientes.
La liberación puede deberse a insuficiencia probatoria, a deficiencias del análisis de inteligencia, a la debilidad jurídica de los bloqueos o a una combinación de factores. Precisamente por eso no demuestra nada en ningún sentido. Lo que no puede hacerse, y el senador lo hace, es convertir un desbloqueo administrativo en una absolución moral.
Menos aún puede convertirse la identidad en coartada. Ser zapoteco es un orgullo legítimo y ser de izquierda es una definición política respetable. Ninguna de las dos condiciones inmuniza frente a una investigación financiera ni borra un bloqueo de cuentas. Son categorías irrelevantes para el análisis de la UIF y, sin embargo, son las únicas que el senador ofrece cuando se le pregunta por Agave Azul. Usar la identidad indígena como escudo frente a preguntas sobre flujos de dinero no honra a los pueblos originarios; los instrumentaliza.
El dilema, en el fondo, es sencillo. Si la UIF actuó correctamente en 2020, sus cuentas fueron bloqueadas por razones de inteligencia financiera que merecen una explicación pública.
Si actuó de manera incorrecta, entonces el propio gobierno de la 4T cometió un abuso en su contra que él nunca ha denunciado con la vehemencia que reserva para los Murat.
En cualquiera de los dos escenarios, su versión actual está incompleta.
Hasta la fecha, Morales Toledo no ha hecho pública una explicación documental sobre los movimientos que motivaron el bloqueo. No ha presentado un desglose de sus ingresos de 2019 y 2020 que acredite la normalidad de sus operaciones. No ha dado a conocer el recurso, la queja o la resolución con la que, en su caso, combatió el operativo.
Lo que sí ha ofrecido es una frase repetida y la exigencia de que se le crea porque “no se arrodilla”.
La presunción de inocencia es una garantía procesal que nadie debe regatearle al senador. Pero no es un salvoconducto político ni lo exime de rendir cuentas ante quienes lo eligieron. Y la exigencia es mayor por el cargo que ostenta.
Morales Toledo preside en el Senado la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la misma región donde la inteligencia militar documentó las redes de robo de combustible que hoy salpican a su círculo político.
El Operativo Agave Azul fue real.
El bloqueo de cuentas fue real.
Las menciones en los reportes de la Sedena son reales.
La carpeta de la FGR existe.
Que no haya condena no borra esos hechos, y reducirlos a una persecución de José Murat es una omisión deliberada de la arquitectura institucional que los produjo.
Mientras el senador no ofrezca una respuesta contable y documental que resista el contraste con los registros oficiales, la sombra de Agave Azul no será un malentendido.
Será, como hasta hoy, el antecedente más documentado de su trayectoria pública.
Columna: CON EL BRAZO IZQUIERDO
Por: Froylán Méndez Ferrer
Próxima entrega: El periodista que lo señaló de ganar 2.5 millones diarios con huachicol fue asesinado dos días después
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica del senador Antonino Morales Toledo, conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que desee formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com