– El coordinador de Delegados y Comités de Agua y Saneamiento Rural, denunció públicamente que el alcalde morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez y su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, lo presionaron para entregar datos personales de beneficiarios de apoyos municipales.
México.- En Celaya, Guanajuato, una disputa dentro del gobierno municipal escaló hasta convertirse en un escándalo sobre el manejo de información ciudadana, presuntas amenazas y posibles intereses políticos. Gerardo Álvarez García, destituido como coordinador de Delegados y Comités de Agua y Saneamiento Rural, denunció públicamente el 30 de octubre que el alcalde morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez y su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, lo presionaron para entregar datos personales de beneficiarios de apoyos municipales.
Según su testimonio, la exigencia se produjo durante una reunión en la que el propio hijo del presidente municipal habría advertido que perdería su empleo si se negaba. Álvarez aseguró que rechazó proporcionar la información por considerar que podría incurrir en una irregularidad y manifestó temor por su integridad y la de su familia.
La respuesta del alcalde abrió nuevos cuestionamientos. Ramírez Sánchez negó las acusaciones y sostuvo que Álvarez García y otros dos trabajadores fueron despedidos por presuntamente utilizar recursos públicos y tiempo laboral para favorecer proyectos políticos vinculados con Morena.
Sin embargo, reconoció que su hijo frecuenta las oficinas del Ayuntamiento y justificó su presencia señalando que trabaja como asesor del diputado Antonio Chaurand. ¿Qué funciones desempeña realmente Alejandro Ramírez Casillas dentro de las instalaciones municipales y con qué facultades interviene en asuntos administrativos? La pregunta cobra especial relevancia porque el propio presidente municipal había reconocido anteriormente que se utilizaron datos de ciudadanos inscritos en programas municipales para invitarlos a su Segundo Informe de Gobierno, según documentó Noticieros en Línea.
Ese antecedente no demuestra que las nuevas acusaciones sean ciertas, pero sí obliga a exigir transparencia sobre el acceso, tratamiento y finalidad de los padrones de beneficiarios.
El conflicto dejó de ser un enfrentamiento entre funcionarios cuando representantes de comunidades rurales acudieron al Palacio Municipal para exigir la reinstalación de Álvarez García.
Los inconformes rechazaron que su trabajo comunitario constituyera proselitismo y denunciaron que el despido deja sin interlocución efectiva a numerosas localidades. También cuestionaron por qué las autoridades municipales pretendían acceder a información que, aseguran, debía permanecer protegida. Tras una reunión de casi dos horas, el alcalde mantuvo su negativa a reinstalarlo.
La controversia plantea dos exigencias igualmente necesarias: investigar si existieron presiones indebidas para obtener datos personales y esclarecer, con pruebas verificables, las acusaciones de utilización política de recursos públicos contra los trabajadores despedidos.
Porque ni la denuncia de un exfuncionario demuestra por sí sola un abuso de autoridad ni la palabra del alcalde basta para descartarlo. En Celaya, la rendición de cuentas exige documentos, responsabilidades y una investigación imparcial, no solamente declaraciones enfrentadas.
Agencia ANSIC.MX