En México, las denuncias legales contra periodistas y medios crecieron notablemente en 2025, reflejando una tendencia global de presiones legales para limitar la libertad de prensa.
En 2025, México reportó una demanda contra periodistas o medios cada seis días, sumando 69 casos, cifra que triplica la del año anterior, según Artículo 19, organización que monitorea la libertad de prensa en el país. Este fenómeno forma parte de una tendencia internacional donde políticos y jueces utilizan las demandas judiciales como una herramienta para limitar la libertad de los medios de comunicación. Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México, señala que las demandas pueden ser un método más efectivo para silenciar a la prensa porque aparentemente actúan con legalidad. A nivel mundial, Reporteros Sin Fronteras ha documentado el uso creciente de leyes para atacar la prensa, especialmente en América. Un ejemplo fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prohibió el acceso a reporteras de tres medios y llevó acciones contra algunos medios tras decisiones editoriales contrarias a sus intereses. En México, además de las demandas, también crecen los asesinatos de periodistas; en 2025, siete reporteros fueron asesinados, cinco de ellos en menos de tres meses, un registro alarmante de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas. Casos como el del reportero veracruzano Rafael León, quien enfrentó cargos de terrorismo que luego fueron retirados, muestran cómo estas presiones afectan la forma de informar, generando autocensura y cautela. La administración actual ha suavizado un tono más hostil del gobierno anterior, pero una nueva regulación federal, próxima a aplicarse, genera preocupación por posibles intervenciones estatales en disputas editoriales, especialmente en el contexto electoral de 2027. Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU para la libertad de expresión, advierte que leyes vagas pueden facilitar arbitrariedades judiciales, afectando negativamente la libertad de prensa. Experiencias internacionales en países como Turquía, Malasia y Singapur evidencian los riesgos de este tipo de normativas. Al mismo tiempo, en regiones como el Sahel africano, leyes antiterroristas se usan para reprimir oposición y periodistas, mientras que en América se observa una expansión del uso de la etiqueta “agentes extranjeros” para limitar la labor periodística, recordando casos como el de Rusia. Frente a este panorama, es fundamental regular el poder de las plataformas digitales y fortalecer a la sociedad civil para proteger la libertad de expresión. En México, iniciativas locales en Campeche buscan proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Aunque algunos medios tradicionales enfrentan dificultades, con espacios vacíos y rotativas inactivas, programas políticos en televisión continúan emitiéndose, pero la presión judicial sobre la prensa permanece constante.