Quejas por sobreprecios, féretros reutilizados y contratos negados confrontan las obligaciones del sector. Las sanciones documentadas dejan una pregunta incómoda: ¿alcanzan para disuadir estas prácticas?

México.- Una revisión de 503 expedientes de denuncias contra servicios funerarios presentados ante la Procuraduría Federal del Consumidor entre 2019 y julio de 2026 reúne señalamientos de aumentos de precio de último momento, intentos de venta de ataúdes usados y negativas a entregar contratos. El conjunto expone una brecha que exige respuestas: ¿de qué sirve obligar a transparentar precios si las familias denuncian cargos imprevistos en pleno duelo?

Los expedientes también incluyen denuncias por alteración de datos en actas de defunción para cobrar después su corrección, retrasos deliberados en carrozas y anomalías en cremaciones. Son prácticas señaladas en las quejas; su registro no equivale, por sí mismo, a una resolución que acredite cada imputación.

Grupo Gayosso y filiales acumulan 28 denuncias; J. García López, 11, y Velatorios Funeza, 8. La Ciudad de México concentra 274 expedientes, el Estado de México 60, la zona metropolitana de Monterrey 46 y Torreón 23.

Las reglas existen; lo que está bajo cuestionamiento es su cumplimiento. La NOM-036-SCFI-2016 obliga a registrar el contrato de adhesión ante el Registro Público de Contratos de la Profeco y a exhibir tarifas totales con impuestos incluidos. La dependencia reporta 3 258 contratos vigentes y 1 793 no vigentes, pero ese registro no despeja las denuncias sobre condiciones desconocidas o modificadas al prestar el servicio.

Un caso de 2022 en Gayosso Félix Cuevas señala que un paquete que prometía cremación, mausoleo y cementerio derivó en la exigencia de un desembolso adicional no mencionado. Otro, de febrero de 2026 en Funeraria Tomé, refiere el ofrecimiento de un ataúd usado, falta de precios visibles de urnas y féretros, un monto final superior al acordado y dilación en la entrega del contrato.

En Naucalpan, una denuncia de 2022 contra Funeraria Malagón describe el retraso de una carroza y la exigencia de 1 500 pesos extra para cambiar de sede, después de que el establecimiento alegara una descompostura del crematorio. Otros expedientes señalan reutilización de féretros sin informar, desconocimiento de planes de previsión al momento del deceso por actualizaciones de tarifa y cobros por gestoría de trámites que, según las denuncias, debían estar incluidos.

Las sanciones documentadas rondan los 5.8 y 4.2 millones de pesos en distintos periodos. Frente a un mercado que el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios estima en 12 000 millones de pesos anuales, la pregunta es inevitable: ¿esas multas tienen capacidad disuasoria? Los montos, por sí solos, no permiten concluir si modificaron las prácticas denunciadas.

Reportes de octubre de 2026 estiman que alrededor del 75 % de los 520 negocios del ramo en la CDMX operan con algún grado de informalidad. También describen vendedores en hospitales y agencias del Ministerio Público que ofrecen paquetes cuyo precio después se triplica, con cargos de 8 000 a 15 000 pesos por trámites, y señalamientos sobre ataúdes reutilizados.

La investigación advierte que los expedientes no abarcan todo el problema y atribuye una cifra negra mayor a la baja cultura de denuncia y a la vulnerabilidad emocional de las familias. Profeco ha suspendido establecimientos en operativos anteriores —190 en 2017— por falta de contratos registrados y precios no exhibidos; esa actuación debe reconocerse, sin convertirla en prueba de que la protección resulta suficiente.

Una iniciativa federal de septiembre de 2026 propone presupuestos desglosados y prohibir la retención de restos o certificados como presión económica, pero sigue en trámite. La exigencia no puede agotarse en anunciar reglas: ¿cómo se verifica su cumplimiento y qué respuesta recibe una familia cuando el precio pactado deja de respetarse precisamente cuando menos margen tiene para discutirlo?

Agencia ANSIC.MX