El informe de la red Unidas expone una brecha difícil de justificar del servicio doméstico: reconocimiento legal, afiliación estancada y empleadores que reproducen la informalidad pese a contar con mayores ingresos.

México.- El 96.6 % del trabajo del hogar remunerado en México permanece en la informalidad y la afiliación al IMSS no alcanza al 3 % del sector, de acuerdo con el informe de la red Unidas presentado en octubre de 2026. Los datos exhiben una brecha contundente entre los derechos reconocidos y la protección efectiva: ¿de qué sirve la obligación legal si la cobertura sigue siendo excepcional?

El informe “Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México” sitúa entre alrededor de 2.1 a 2.3 millones el número de personas dedicadas a esta actividad. Nueve de cada diez son mujeres y representan aproximadamente el 10 % de las mujeres ocupadas; solo cerca del 1 % de ellas tiene contrato escrito, frente al 9 % de los hombres del mismo sector.

La precariedad también se expresa en prestaciones y salarios: seis de cada diez personas no reciben ninguna prestación de ley. La brecha salarial de género dentro del sector es del 34.8 %: las mujeres perciben en promedio unos 5 770 pesos mensuales, frente a unos 8 855 de los hombres.

El reconocimiento legal existe; los resultados descritos no están a su altura. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar del Seguro Social; en 2019, la reforma a la Ley Federal del Trabajo reconoció plenamente sus derechos y, en 2020, México ratificó el Convenio 189 de la OIT.

Según el material, desde mayo de 2023 la afiliación al IMSS es obligatoria para quienes trabajan más de cuatro horas diarias al menos tres días a la semana en el mismo domicilio. Sin embargo, el registro se ha estancado en unas 57 000 a 63 000 personas; los contrastes con registros oficiales citados en el informe sitúan el acceso efectivo de las mujeres alrededor del 1.7 % en algunos cortes.

A esa cobertura reducida se suma un aseguramiento por día que, según el documento, limita la atención médica a los días exactos cotizados y registrados. María de la Luz Padua, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, cuestiona que “la seguridad social no puede depender de cuántos días a la semana trabajamos en una misma casa” y señala que las leyes parten de una trabajadora ideal que no corresponde a la realidad.

El informe estima que la evasión de cuotas patronales representa una pérdida anual de 56 671 millones de pesos, que caracteriza como un subsidio de facto a los empleadores. También identifica una “paradoja patronal”: personas con empleo formal en sus propios centros de trabajo reproducen la informalidad al contratar trabajo del hogar, mientras el ingreso mediano de los empleadores es aproximadamente cuatro veces mayor al de las trabajadoras.

La falta de contrato escrito dificulta probar la relación laboral ante juntas de conciliación y limita el acceso a la justicia, advierte el documento. El acceso a fondos de retiro resulta igualmente marginal: alrededor del 0.73 % para las mujeres del sector.

La red Unidas recomienda subsidios, vigilancia real a los contratadores y consecuencias efectivas por evasión. Frente a esos planteamientos, la pregunta incómoda no es si existen derechos reconocidos, sino qué mecanismos permitirán exigirlos y cómo se medirá su cumplimiento para quienes todavía trabajan sin protección plena.

Agencia ANSIC.MX