El diagnóstico de Hábitat para la Humanidad expone necesidades de alojamiento y mejoramiento que obligan a cuestionar el alcance del financiamiento y la respuesta pública.
México.- Alrededor de 750 mil personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y otras poblaciones necesitadas de protección requieren soluciones de vivienda transicional en México, según la Radiografía del Continuum global de vivienda 2026, de Hábitat para la Humanidad. La dimensión de esta necesidad confronta el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda digna: ¿cómo se traduce esa garantía en alojamiento seguro para quienes tuvieron que abandonar sus hogares?
El diagnóstico estima además que 41.1 millones de personas requieren mejorar las condiciones de sus viviendas. Advierte que las necesidades de mejoramiento habitacional superan ampliamente la capacidad y articulación de los mecanismos de financiamiento existentes, un señalamiento que obliga a examinar si las soluciones disponibles responden a las carencias más extendidas y no únicamente a quienes pueden acceder a un crédito.
Para mujeres, niñas y niños obligados a desplazarse, la falta de un refugio seguro implica riesgos de violencia sexual, explotación y trata de personas. Beatriz Fuentes Aldana, directora de Casa Fuente de Apoyo a Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Violencia, advirtió que disponer de ese alojamiento es una necesidad inmediata para reducir su exposición a esos peligros.
Durante 2023, México registró 141,806 solicitudes de asilo; según los porcentajes citados por la organización, 42 % correspondieron a mujeres y 24 % a niñas, niños y adolescentes. A esa demanda se añade un vacío de información: de acuerdo con la información proporcionada, México no dispone de una estimación oficial integral de cuántas mujeres y niñas migrantes están en tránsito ni de cuántas carecen de alojamiento adecuado.
La asistencia existente debe figurar en el balance: ACNUR reportó que más de 24 mil personas recibieron alojamiento y asistencia integral mediante albergues apoyados durante 2025. Ese esfuerzo documenta atención concreta, pero no permite dar por cubierta la necesidad identificada por el diagnóstico; las cifras corresponden a periodos y universos distintos y no bastan para calcular una cobertura nacional.
La urgencia descrita también comprende asistencia jurídica, servicios de salud y protección contra la violencia para las personas desplazadas. Frente a esas necesidades, ¿cuántos espacios seguros tienen disponibles el gobierno federal y las autoridades estatales, qué recursos destinan al alojamiento y cuáles son sus resultados verificables?
La cooperación de ACNUR y las organizaciones civiles forma parte de la respuesta, pero no cancela la exigencia de rendición de cuentas al Estado. El reconocimiento constitucional no puede ser el punto final del discurso público: la pregunta incómoda sigue siendo cómo garantizar un techo seguro a quienes necesitan protección, más allá de su capacidad de pago.
Agencia ANSIC.MX