– La violencia criminal llegó antes que las campañas. A siete meses de que México renueve más de 19 mil cargos locales, los registros de violencia político-criminal y el primer asesinato de un aspirante del proceso 2027 obligan a preguntar ¿quién decide, en realidad, quién puede competir y quién puede gobernar?
Eran cerca de las siete de la noche del sábado 17 de octubre cuando una camioneta gris que avanzaba por la calle San Nicolás, en el centro de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue interceptada por hombres armados. Al volante iba Arturo Marín Acevedo, ganadero, doctor en Administración y sobrino de Alejandro Marín Mendoza, quien gobernó dos veces ese municipio de la Costa Chica. Le dispararon a corta distancia. Murió en el lugar. Su esposa, que viajaba con él, resultó gravemente herida. Los agresores huyeron.
Ocho días antes, el 9 de octubre, Marín Acevedo había anunciado en sus redes que se registraba en el proceso interno de Morena para encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Cuajinicuilapa, la figura con la que ese partido perfila a quienes buscarán sus candidaturas a las alcaldías.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación. Hasta ahora no ha informado de personas detenidas ni ha establecido si el ataque tuvo relación con sus aspiraciones políticas. Esa respuesta corresponde a las autoridades y esta serie no la va a adelantar. Lo que sí puede afirmarse es que el crimen ocurrió en un contexto ampliamente documentado: en México, la competencia por el poder local se libra también con amenazas, secuestros, ataques armados y asesinatos.
Dos mil gobiernos municipales en disputa
El proceso electoral 2026-2027 inició formalmente el 10 de septiembre. La jornada será el domingo 6 de junio de 2027. Ese día se elegirán 500 diputaciones federales y, en el ámbito local, 19,609 cargos en 31 entidades: 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales, 18,057 cargos en ayuntamientos y 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías. Sólo Durango y Veracruz no renovarán ayuntamientos.
Detrás de esas cifras hay alrededor de 2,230 gobiernos municipales que cambiarán de manos. Ese es el nivel de gobierno más expuesto a la presión criminal y donde se concentra la mayor parte de la violencia contra quienes hacen política.
Lo que dicen los datos duros
El proyecto Votar entre Balas, desarrollado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, registra 3,082 hechos de violencia político-criminal entre 2019 y el 29 de septiembre de 2026. Bajo esa categoría se contabilizan asesinatos, amenazas, ataques armados, secuestros y desapariciones contra personas del ámbito político o gubernamental, sus familias y equipos, así como agresiones contra instalaciones públicas o partidistas, cuando sus características sugieren la participación del crimen organizado.
Según su reporte más reciente, seis entidades concentran más de la mitad de la violencia político-criminal registrada en 2026: Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Michoacán.
La tendencia electoral también está documentada. De acuerdo con el reporte especial de Votar entre Balas sobre las campañas de 2024, las candidatas y candidatos asesinados pasaron de 22 en 2018 a 17 en 2021 y a 31 en 2024. Las personas candidatas atacadas, en cualquier modalidad, pasaron de 62 a 72 y luego a 105. Otros recuentos ofrecen cifras más altas porque incluyen a aspirantes y precandidatos, no sólo a candidatos registrados. Por eso, en esta serie cada número llevará su fuente y su definición.
Los alcaldes forman un capítulo aparte. Un recuento publicado por El País contabiliza 128 presidentes municipales asesinados en aproximadamente dos décadas, 13 de ellos durante la actual administración federal. En la serie histórica, Oaxaca aparece de manera constante como la entidad con más alcaldes asesinados del país.
Por qué el narco disputa los municipios
No se trata sólo de rutas de trasiego. Desde el ayuntamiento se otorgan contratos y licencias, se ejecuta obra pública, se administra la tesorería y se dirige a la policía preventiva. Quien controla esas decisiones controla dinero, información y territorio.
Por eso la violencia político-criminal no termina el día de la elección. Los análisis de Votar entre Balas muestran que las autoridades ya electas, sus gabinetes y sus funcionarios siguen siendo blanco de ataques después de asumir el cargo. El daño, además, se extiende a la ciudadanía: el mismo proyecto ha encontrado que las agresiones contra actores políticos reducen la participación en las urnas.
La amenaza, entonces, es doble: arrebatar vidas y condicionar el funcionamiento de los gobiernos que la ciudadanía elige.
La respuesta del Estado
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce el riesgo. Ha anunciado trabajos para identificar las zonas de mayor peligro y reforzar ahí la presencia de la Guardia Nacional. La legislación electoral aprobada recientemente permite además que los partidos soliciten al INE, de manera voluntaria, la revisión de antecedentes de sus aspirantes.
Especialistas y organizaciones civiles advierten que esas medidas resultarán insuficientes si no se acompañan de investigaciones que lleguen a sentencias, protección efectiva para quienes compiten, control del dinero que entra a las campañas y fortalecimiento de las policías y administraciones municipales. La consultora Integralia identifica la intervención criminal, la violencia política y el financiamiento ilegal de campañas como riesgos relevantes para 2027.
Este, 1 de noviembre, se cumplió un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, atacado durante un evento público de Día de Muertos. Entre ese crimen y el de Cuajinicuilapa hay doce meses y una misma constatación: cada caso exige esclarecer a sus responsables y sus móviles, y la persistencia del fenómeno exige algo más que operativos de temporada.
Por: Froylán Méndez Ferrer
Próxima entrega: Cuajinicuilapa: el primer aviso. Quién era Arturo Marín Acevedo, qué se sabe del ataque y por qué la Costa Chica de Guerrero arrastra antecedentes de violencia contra políticos.