La coalición de 19 países prepara operaciones conjuntas mientras Washington contempla ataques terrestres. El saldo de los bombardeos y las acusaciones sin pruebas contra organizaciones civiles exigen respuestas, no garantías oficiales.

México.- La ofensiva militar del gobierno de Donald Trump contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico acumula al menos 72 ataques y 243 personas muertas desde septiembre de 2025, según el recuento de USNI News y Just Security actualizado al 27 de octubre de 2026. Mientras expertos cuestionan la legalidad de los bombardeos, Washington impulsa una coalición regional y contempla extender las operaciones del mar a tierra firme. La expansión plantea una pregunta que las garantías oficiales no resuelven: ¿qué sustento jurídico y qué pruebas respaldan el uso de fuerza letal?

El 27 de octubre, representantes de defensa y seguridad de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, integrada por 19 países latinoamericanos y caribeños, se reunieron en Santo Domingo, República Dominicana. Los participantes revisaron y aprobaron un plan de campaña y una estructura de coordinación, informó el Comando Sur; la estrategia de operaciones conjuntas podría prolongarse hasta 2031. El carácter reservado del plan deja abierta otra exigencia de rendición de cuentas: ¿qué límites y mecanismos de supervisión tendrán esas operaciones?

Durante el encuentro, Eric J. Geressy, asesor del secretario de Defensa Pete Hegseth, equiparó a las organizaciones del narcotráfico con Al Qaeda y el Estado Islámico. El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, impulsa la expansión hacia objetivos terrestres, mientras el despliegue ya incluye drones MQ-9 Reaper trasladados a Colombia y Ecuador, además de personal militar estadounidense para entrenamientos y ejercicios con fuerzas regionales. La equiparación política con grupos extremistas no despeja, por sí misma, la controversia jurídica sobre los ataques.

El mismo 27 de octubre, el Comando Sur anunció que cinco personas murieron en un bombardeo contra una lancha en el Pacífico oriental, sin presentar públicamente pruebas que permitieran verificar la identidad de sus ocupantes ni la carga presuntamente ilícita. Expertos en derecho internacional advierten que participar en el tráfico de drogas no convierte automáticamente a una persona en combatiente ni autoriza su ejecución militar. El gobierno de Trump sostiene que cumple el derecho de los conflictos armados, pero siguen bajo cuestionamiento tanto la existencia de un conflicto armado jurídicamente reconocido como la legalidad de cada ataque.

Geressy también acusó a organizaciones no gubernamentales de recibir financiamiento de los cárteles para promover litigios contra las operaciones estadounidenses, sin presentar pruebas. El señalamiento desplaza el debate hacia quienes cuestionan los bombardeos, pero no aporta evidencia sobre las personas atacadas. ¿Con qué sustento acusa el Pentágono a esas organizaciones y cómo responderá a las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales?

El presidente dominicano Luis Abinader defendió la cooperación internacional frente a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras, y la embajadora estadounidense Leah F. Campos sostuvo que ningún país tendría que renunciar a su soberanía. Esas posiciones no son irrelevantes, pero tampoco sustituyen las explicaciones sobre quién autorizará las operaciones terrestres, bajo qué controles y con qué supervisión legislativa e independiente. La promesa de respetar la soberanía debe confrontarse con las reglas concretas de una campaña militar cuyo alcance todavía exige explicaciones públicas.

Agencia ANSIC.MX