– La exfuncionaria dejó el gabinete para buscar una candidatura federal, arrastrando controversias sobre gastos millonarios, uso político de programas públicos y una denuncia por presunta promoción personalizada.

OAXACA. – Saymi Adriana Pineda Velasco dejó la Secretaría de Turismo, pero ha dejado dudas sobre el dinero público que administró. Después de casi cuatro años entre conciertos multitudinarios, celebraciones, campañas publicitarias y ceremonias oficiales, la exfuncionaria pretende trasladar su carrera política al Congreso de la Unión.

Mientras la propaganda gubernamental presume cifras turísticas y espectáculos exitosos, persisten cuestionamientos sobre contrataciones, prioridades presupuestarias y resultados verificables. La aspiración política de Saymi Pineda es legítima; lo que no debería aceptarse es dejar el cargo funcione como punto final para la rendición de cuentas de millones de pesos ejercidos durante su gestión.

La historia de Pineda también exhibe las contradicciones de una trayectoria construida entre distintas fuerzas políticas. En 2018 denunció violencia política de género después de que el Partido del Trabajo le retiró la candidatura municipal de San Pedro Pochutla para favorecer a un hombre. Pero en 2019, ya como alcaldesa, una grabación difundida por el periodista Pedro Matías la colocó en el centro de señalamientos por solicitar credenciales electorales y organizar la participación de ciudadanos en actividades internas de Morena.

En 2021, las controversias electorales alcanzaron una dimensión judicial. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca anuló inicialmente su reelección municipal por considerar vulnerados principios de equidad y neutralidad. Sin embargo, la Sala Regional Xalapa revocó esa decisión y sostuvo que mencionar logros de gobierno durante una campaña no constituye automáticamente una infracción.

Pineda conservó jurídicamente su triunfo, pero la resolución favorable tampoco convierte en irrelevante el debate sobre la relación entre ejercicio del poder y competencia electoral. Su trayectoria demuestra por qué las instituciones deben vigilar con especial rigor la frontera entre rendición de cuentas, propaganda gubernamental y promoción partidista.

El capítulo de mayor peso financiero apareció durante su paso por la Secretaría de Turismo. En 2025, la diputada federal Margarita García García, del PT, cuestionó públicamente gastos superiores a 12 millones de pesos por un concierto de Julión Álvarez, más de tres millones destinados a decoración y presuntos desembolsos millonarios en obsequios para invitados. La legisladora también puso en duda documentación fiscal relacionada con el espectáculo, aunque no existe en las fuentes revisadas una determinación que acredite falsificación.

Pineda defendió la contratación del concierto y afirmó que hubo un procedimiento de licitación. Pero una licitación, por sí sola, no demuestra que un gasto haya sido oportuno, razonable o eficaz.

En una entidad con profundas carencias sociales, cada peso destinado al entretenimiento gubernamental exige una justificación especialmente sólida. El problema no es celebrar las tradiciones de Oaxaca: es la obligación de acreditar que los recursos se administraron conforme al interés público y no solamente para producir actos de gran impacto mediático.

Los cuestionamientos no terminaron con la Guelaguetza. En junio de 2026, El Imparcial de Oaxaca documentó procedimientos de contratación por aproximadamente 14.84 millones de pesos para promocionar al estado con motivo del Mundial de Futbol, mediante tres licitaciones en las que se registraron cinco empresas participantes.

Esto obliga a examinar la competencia efectiva, los criterios de selección y la relación entre costos y beneficios. La Secretaría de Turismo no es una agencia publicitaria con presupuesto ilimitado: es una institución obligada a demostrar que sus decisiones generan valor público.

Las controversias también alcanzaron la gestión cultural. En 2023, la Secretaría de Turismo retiró el reconocimiento a la imagen seleccionada para la Guelaguetza tras cuestionamientos sobre su originalidad. El fotógrafo cuya obra había sido mencionada en la polémica negó que existiera plagio. Sin embargo, el episodio sí permite cuestionar la calidad de los procedimientos institucionales, la claridad de las convocatorias y la protección de quienes participan en ellas.

La promoción internacional de Oaxaca, incluidos los viajes y actividades oficiales en otros países, merece un examen semejante: agendas, integrantes de las delegaciones, costos desglosados, convenios y resultados.

La riqueza cultural oaxaqueña no pertenece a un gobierno ni a una secretaria. Por ello, su utilización como escaparate institucional debe estar sometida a estándares rigurosos de transparencia, y no depender exclusivamente de fotografías, discursos o comunicados celebratorios.

El episodio más delicado rumbo a 2027 surgió con “Oaxaca de Corazón”, el programa conducido por Pineda y difundido mediante la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. La acusación debe distinguirse de una sanción firme: con la documentación disponible no se acredita que la exsecretaria haya cometido una infracción electoral. Pero el cuestionamiento institucional es de enorme relevancia.

¿Por qué una funcionaria que posteriormente buscaría una candidatura encabezaba un producto audiovisual asociado a un medio público?

¿Quién autorizó su participación, cómo se cubrieron los costos y cuáles fueron los criterios editoriales para seleccionarla como conductora?

Los medios estatales están al servicio de las audiencias, no de las aspiraciones particulares de quienes ocupan cargos gubernamentales.

Saymi Pineda pretende abrir una nueva etapa política, pero su salida del gabinete no extingue las obligaciones derivadas de sus cargos anteriores. Lo exigible es una rendición de cuentas integral: versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales y de intereses, expedientes de contratación, pagos, auditorías, resultados de campañas turísticas y situación jurídica de las denuncias electorales.

También corresponde a las autoridades fiscalizadoras explicar qué revisaron, qué observaron y qué concluyeron. Oaxaca no necesita que las controversias administrativas se diluyan entre nuevas campañas y discursos de renovación.

Una candidatura no sustituye una auditoría, una fotografía multitudinaria no comprueba la eficiencia del gasto y una renuncia no cancela el derecho ciudadano a saber cómo se administraron los recursos públicos.

Por Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmai.com / sinmco.org / ansic.mx