– Ante preguntas documentadas sobre el vínculo con un operador condenado en EU por narcotráfico, la dirigencia de Morena ofreció lealtad en lugar de respuestas.

MÉXICO. — Cuando las preguntas de los periodistas incomodan, Morena deja de dar explicaciones y empieza a pedir fe. Así ocurrió en Tijuana. Reporteros confrontaron a la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes y a la coordinadora estatal Julieta Ramírez Padilla por la relación política de esta última con Rubén Eduardo Sandoval Chávez, operador territorial de Tecate con antecedentes penales documentados por la prensa.

No hubo respuestas. Hubo frases sobre honorabilidad, responsabilidades individuales y una vaga disposición a investigar. La pregunta central quedó intacta.

¿qué hace un hombre condenado por narcotráfico movilizando votos para la coordinadora de Morena en Baja California?

El 27 de agosto de 2026, el medio Punto Norte publicó una investigación basada en documentos judiciales. Según esos documentos, Sandoval Chávez se declaró culpable ante la justicia estadounidense de poseer 951.2 kilogramos de marihuana con intención de distribuirla. Los hechos ocurrieron en octubre de 2011.

El propio Sandoval admitió después sus antecedentes y apeló a su derecho a la reinserción social. Ese derecho existe y nadie lo discute. Lo que sí se discute es otra cosa, documentada por la misma investigación: su papel en la movilización política a favor de Ramírez. Eso no es un asunto privado. Es un asunto de interés público.

Y el caso se agrava. Sandoval fue identificado periodísticamente como colaborador de la Secretaría de Bienestar de Baja California, con funciones territoriales en Tecate. Hablamos de un mismo operador, en un mismo territorio, con un pie en el gobierno y otro en el partido.

¿Quién autorizó su participación en movilizaciones políticas?

¿Qué funciones tenía dentro de la dependencia?

¿Qué impidió que personal, recursos o programas sociales terminaran al servicio de una estructura partidista?

Durante el encuentro del 25 de octubre, los reporteros denunciaron que llevaban meses sin poder obtener respuestas de Julieta Ramírez. Dejaron claro que no se trataba de una campaña de desprestigio. Eran preguntas ciudadanas sobre su relación con Sandoval y sobre el papel que este tendrá en las actividades políticas por venir. Ariadna Montiel respondió con un acto de fe. Avaló la honestidad y la honorabilidad de su coordinadora y sentenció:

“Nosotros en Morena no somos tapadera de nadie en ningún ámbito, bajo ningún concepto”

La frase sonó contundente y no aclaró nada.

Julieta Ramírez tampoco respondió. Dijo que lo que deba investigarse, se investigue, y que cada quien responde por sus actos.

Ramírez aspira a consolidar su liderazgo rumbo a 2027, y quien no puede explicar a quién incorpora a su estructura tampoco puede pedir que se le confíe un estado.

La conducta de Ariadna Montiel es todavía más grave, porque Morena ratificó su respaldo a Ramírez cuando los antecedentes de Sandoval ya eran públicos. En septiembre, la dirigencia formalizó su designación como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Después reiteró su confianza en ella.

Este episodio deja ver además una relación tensa entre el poder partidista y la prensa. Los reporteros denunciaron obstáculos reiterados para interrogar a Ramírez. Esa denuncia debe corroborarse de forma independiente antes de calificarla como censura sistemática.

Preguntar por los operadores de un partido no es una condena anticipada. El periodismo no está obligado a aceptar discursos de honorabilidad en lugar de hechos, ni a callar porque sus preguntas incomodan a una dirigencia.

Morena tiene ante sí una prueba sencilla: demostrar que su discurso de transparencia no se acaba cuando el escrutinio toca a sus propios cuadros. Sandoval tiene derecho a la reinserción después de cumplir su condena. Ramírez tiene derecho a rechazar cualquier imputación sin pruebas. Montiel tiene derecho a respaldar a su coordinadora.

Ninguno de esos derechos borra una obligación democrática elemental: explicar cómo funcionan las estructuras partidistas y quién vigila a quienes operan dentro de ellas.

Morena puede cerrar filas con Julieta Ramírez, pero no puede pedirle a la ciudadanía que cierre los ojos.

Si de verdad no es tapadera de nadie, que lo pruebe con nombres, fechas y documentos.

La lealtad política no sustituye la rendición de cuentas, y el poder no decide cuándo se dejan de hacer preguntas.

Por Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmail.com / sinmco.org / ansic.mx