– La renuncia de la presidenta del INE no cierra el expediente más incómodo de la democracia mexicana: nadie ha dicho quién pagó la propaganda ilegal que acompañó la elección de jueces de 2025, ni quién se benefició de ella.

MÉXICO. — La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no puede usarse para dar carpetazo a un escándalo institucional. Su salida, formalizada el 26 de octubre de 2026 en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos, abre una pregunta que va más allá de su cargo: ¿qué legitimidad le queda a una elección histórica cuando la credibilidad de quien la organizó está en entredicho? Si Taddei es responsable de esos contratos, deberá probarse con evidencia y debido proceso. Pero la democracia mexicana tiene otra cuenta pendiente, más grave y todavía abierta: la elección judicial de 2025, sus acordeones, las denuncias de intervención política y el dinero de origen desconocido que pagó propaganda ilegal.

Que los ganadores ya ocupen su despacho no vuelve intocable la elección judicial. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé la nulidad cuando se acredita financiamiento indebido o intervención irregular de partidos y servidores públicos, siempre que esas conductas resulten determinantes para el resultado. Ese era el terreno que debió revisarse con todo rigor. Las impugnaciones ya se resolvieron y las elecciones quedaron firmes, así que no hay una nulidad automática en espera. Pero que una sentencia esté firme no cancela la obligación de investigar delitos, seguir el rastro del dinero ilícito y sancionar a quienes intervinieron ilegalmente en el proceso. Lo que se declaró válido puede haber sido manipulado de todos modos.

Los acordeones no fueron un invento de la oposición ni una exageración periodística. El propio INE documentó la existencia y distribución de materiales que favorecían candidaturas. También sancionó beneficios obtenidos con propaganda indebida y abrió una investigación sobre el origen de los recursos. En julio de 2025, integrantes del Consejo General admitieron públicamente que no lograban identificar a quienes pagaron y organizaron la operación. Ese es el centro del problema: la autoridad confirma que hubo propaganda ilegal y, al mismo tiempo, reconoce que no sabe quién la financió. Un proceso así no puede darse por esclarecido.

La investigación no puede detenerse en los impresores, en los repartidores ni en los administradores de páginas de internet. Tiene que llegar a quienes dieron las órdenes, aportaron el dinero y, si fue el caso, pusieron estructuras de gobierno o de partido al servicio de ciertas candidaturas. Si participaron servidores públicos, deben ser identificados. Si se desvió dinero público, hay que reconstruir cada transferencia. Si alguna candidatura conoció, coordinó o toleró una operación ilegal de la que salió beneficiada, debe probarse caso por caso. Y si los indicios llevan a operadores de Morena o de sus aliados, ninguna autoridad tiene derecho a frenar la investigación para proteger al partido en el poder. Las preguntas no han cambiado: ¿quién pagó los acordeones, quién eligió los nombres y quién ganó gracias a ellos?

Tampoco pueden olvidarse las boletas sin doblez, conocidas como «boletas planchadas». Su existencia se discutió oficialmente durante los cómputos de 2025. En octubre de 2026, el Tribunal Electoral fijó reglas más estrictas para que boletas sin las marcas de doblez exigidas no se cuenten en los próximos comicios federales. Esas reglas no prueban que la elección judicial haya sido un fraude generalizado. Sí prueban que hubo fallas reales, y que las autoridades las corrigieron sin admitir del todo que existían. No se puede pedir confianza mientras se descalifica a quien pregunta. Una democracia que quiere ser creíble muestra pruebas, explica sus decisiones y somete sus procedimientos al escrutinio público.

Ser legal no es lo mismo que tener autoridad moral. Las ministras, ministros, magistraturas y jueces electos tienen derecho al debido proceso. No pueden ser destituidos en bloque por sospechas o por la afinidad política que se les atribuya. Pero quien haya llegado al cargo con ayuda de propaganda ilegal no puede esconderse para siempre detrás de una constancia de mayoría. En quien juzga, esa exigencia es aún mayor, porque su autoridad depende de que su nombramiento sea legal y también de que la ciudadanía crea en su independencia. Una toga que debe su origen a una operación ilícita no tiene esa independencia. Si se demuestra que algún juzgador participó a sabiendas en esa operación, deben aplicarse las responsabilidades y los mecanismos de separación del cargo que prevén la Constitución y las leyes, sin fuero de facto y sin excepciones.

El daño no se queda en los tribunales. El Monitor Judicial de Data Coparmex, publicado en octubre de 2026, encontró que una proporción significativa de las empresas consultadas considera que la reforma judicial afecta sus decisiones de inversión y la forma en que protegen sus intereses legales. Sería impreciso culpar solo a la elección judicial de la incertidumbre económica. Pero un juez sin credibilidad no protege derechos, no garantiza contratos y no ofrece certeza a nadie. Un Poder Judicial que no logra disipar las dudas sobre cómo llegaron sus integrantes carga con un problema de confianza que llega mucho más allá de los juzgados.

La renuncia de Taddei no prueba complicidad electoral ni convierte en fraudulenta la elección de 2025. Tampoco puede servir de salvoconducto para archivar lo que incomoda. La Auditoría Superior de la Federación debe aclarar las presuntas irregularidades en contratos que le corresponde revisar. El INE y las autoridades investigadoras deben hacer públicos, conforme a la ley, los resultados de las indagatorias sobre propaganda ilegal. Y los tribunales deben justificar sus decisiones con argumentos y pruebas. México no necesita condenas colectivas sin fundamento ni destituciones masivas al margen de la Constitución. Necesita algo mucho más exigente: saber quién intervino ilegalmente en la elección de sus jueces, quién pagó esa intervención, quién se benefició sabiendo de ella y qué responsabilidades pueden exigirse aunque la elección ya se haya declarado válida. Dar el proceso por terminado no es defender la democracia, es encubrir. La democracia se defiende aclarando lo que pasó, aunque las respuestas alcancen a quienes hoy tienen el poder.

Por Froylán Méndez Ferrer / froylanmd@gmail.com / sinmco.org / ansic.mx

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