– La propuesta de Hugo Aguilar Ortiz deja en evidencia al gobierno federal y a los legisladores que aprobaron la reforma de 2024: diseñaron un nuevo sistema de justicia sin garantizar que sus tribunales pudieran administrar sus propios recursos.

MÉXICO. – La reforma judicial que el poder político vendió como una transformación histórica tiene un hueco que ahora reconocen sus propios beneficiarios: la Suprema Corte de Justicia de la Nación no controla directamente el dinero con el que opera.

El 6 de octubre de 2026, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz entregó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal una propuesta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa, elaborada en conjunto por los órganos superiores del Poder Judicial, busca quitarle al Órgano de Administración Judicial (OAJ) parte de las facultades administrativas y financieras que hoy concentra.

Oficialmente se le llama “perfeccionamiento institucional”. Visto con menos indulgencia, es la admisión de un defecto de diseño en la reforma aprobada en 2024.

La reforma constitucional de septiembre de 2024 y sus leyes secundarias concentraron en el OAJ atribuciones presupuestarias clave. Ahora, quienes encabezan la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial piden convertirse en unidades ejecutoras de gasto: administrar directamente sus recursos y fijar sus propias reglas de funcionamiento. La pregunta es obligada.

¿Por qué hubo que esperar hasta octubre de 2026 para corregir un reparto de competencias que limita la autonomía de quienes imparten justicia?

Una reforma de este tamaño tenía que prever estas tensiones desde el principio. No lo hizo. Se aprobó con prisa, por mayoría y sin escuchar a nadie, y hoy la factura llega desde dentro.

Aguilar entregó la propuesta a Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, quien se mostró dispuesta a incluirla en el paquete de reformas que el gobierno enviará al Congreso. Así, la Suprema Corte tiene que acudir a Palacio Nacional para pedir que se corrija una estructura que el propio oficialismo defendió como suficiente.

Usar al Ejecutivo como conducto de una iniciativa no viola, por sí mismo, la independencia judicial. Pero la imagen dice mucho sobre la nueva relación entre poderes: el tribunal que debe poner límites al gobierno depende del gobierno para que se reforme la ley que define cómo gasta su presupuesto.

Cuando se trata de tribunales, el dinero es más que contabilidad: es independencia. De él dependen la contratación de personal, la tecnología, el mantenimiento de los edificios, los servicios básicos y la capacidad de respuesta.

La discusión pública llegó incluso a los insumos más elementales de una oficina. El tema de fondo es que sus autoridades quieren ejercer directamente recursos que hoy pasan por un esquema centralizado. Un tribunal que no decide sobre su propio presupuesto depende de quien sí decide.

Hugo Aguilar sostiene que su propuesta no corrige la reforma, sino que la consolida. La explicación debe registrarse, pero no aceptarse sin más.

Si los cambios buscan evitar trabas administrativas que frenan el trabajo jurisdiccional, entonces hay que decir cuáles son esas trabas, qué consecuencias tuvieron y por qué no se resolvieron en la ley original. Si cada falla se presenta como consolidación, ningún error tendrá responsable.

Una política que reorganiza un poder del Estado debe evaluarse por sus resultados, por sus controles y por su capacidad real de proteger derechos, no por la retórica de quienes la impulsaron.

El gobierno federal y el Congreso no quedan libres de responsabilidad por presentar una nueva iniciativa. Quienes promovieron, votaron y defendieron la reforma judicial deben explicar públicamente si evaluaron el modelo administrativo antes de ponerlo en marcha o si simplemente lo aprobaron.

También deben explicar qué impedirá que la centralización del presupuesto se convierta en una forma de control. La independencia judicial no consiste solo en que nadie dicte el sentido de las sentencias.

También exige condiciones materiales para que los tribunales trabajen sin presiones. Centralizar la administración no prueba que haya interferencia política. Pero crea un riesgo que una democracia está obligada a prevenir, y no a descubrir dos años tarde.

La propuesta deja al poder político ante una prueba que ya no puede eludir: demostrar que la reforma judicial se sostiene sobre reglas coherentes, controles transparentes y garantías reales de independencia.

La Suprema Corte no necesita privilegios ni un presupuesto libre de fiscalización. Necesita las facultades suficientes para cumplir su mandato constitucional sin obstáculos injustificados. Y la ciudadanía tiene derecho a saber quién decide sobre el dinero de sus tribunales, con qué criterios y con qué efectos para el acceso a la justicia.

Una reforma no se vuelve exitosa por haber cambiado a los jueces ni la forma de elegirlos. Su legitimidad depende de que la justicia funcione, sea independiente y rinda cuentas.

Si a un año de su arranque el sistema ya está reescribiendo sus reglas básicas, el gobierno y el Congreso no pueden limitarse a aplaudir el parche. Deben explicar qué falló, qué hay que corregir y quién responde por haberlo aprobado así.

Por Froylán Méndez Ferrer / froylanmd@gmail.com / sinmco.org / ansic.mx