– Entre acusaciones de extorsión, cobro de piso, agresiones y presunto tráfico de drogas, el sistema penitenciario mexiquense enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente lo que ocurre detrás de los muros del penal de “Mixquic”?
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. — Las denuncias que se acumulan alrededor del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco (Mixquic) dibujan una realidad perturbadora: personas encarceladas y familiares que aseguran tener que pagar por protección, por introducir artículos básicos, por recibir visitas y, según testimonios recogidos por distintos medios, hasta para evitar agresiones.
En el penal de Huitzilzingo, ubicado en el municipio mexiquense de Chalco, la pregunta ha dejado de ser únicamente cuánto cuesta estar preso. La cuestión fundamental es quién permite que continúen denunciándose estas prácticas en un establecimiento donde el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de cada persona bajo su custodia.
No se trata de una acusación aparecida de la noche a la mañana.
Desde julio de 2025 existen antecedentes públicos de protestas, denuncias sobre extorsión, violencia entre internos e intervención de organismos de derechos humanos. Durante 2026 se sumaron señalamientos sobre grupos que presuntamente controlan cobros ilegales y sobre posible comercialización de drogas y bebidas alcohólicas.
La gravedad de las versiones merece una investigación exhaustiva. Pero la sucesión de denuncias también obliga a formular otra pregunta: ¿qué han hecho las autoridades durante todo este tiempo para esclarecer los hechos y proteger a quienes denuncian?
El negocio de la prisión: pagar para evitar represalias
El 29 de julio de 2025, el periódico La Jornada documentó acusaciones de familiares sobre una presunta red de cobros dentro del penal.
La relación de pagos denunciados parecía un catálogo de explotación: 250 pesos por derecho de piso, cuotas por tarjetas telefónicas, dinero para acceder a las visitas, pagos por revisar o calentar alimentos e incluso cantidades exigidas por el uso de mesas.
Según ese reportaje, algunas familias aseguraron desembolsar hasta seis mil pesos para evitar represalias contra sus familiares encarcelados.
La dimensión humana de estos señalamientos es devastadora.
Porque detrás de cada cuota denunciada puede haber una madre que debe conseguir dinero para proteger a su hijo, una esposa que enfrenta nuevas exigencias económicas o una familia obligada a elegir entre cubrir sus necesidades y atender las amenazas que, según los testimonios, enfrenta una persona privada de la libertad.
En mayo de 2026, nuevas investigaciones periodísticas recogieron acusaciones de familias contra grupos de internos presuntamente involucrados en extorsiones y agresiones.
En junio, el periódico regional AMAQUEME publicó otras denuncias relacionadas con pagos irregulares para introducir artículos básicos de higiene.
Son testimonios que deben verificarse individualmente. Pero su reiteración plantea una cuestión que no puede eludirse: ¿por qué vuelven a aparecer denuncias de naturaleza semejante en el mismo centro penitenciario?
Drogas, alcohol y nuevas acusaciones: El Estado sabía de la violencia
El 28 de julio de 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió de oficio el expediente CODHEM/EPPL/382/2025 para investigar posibles violaciones a los derechos humanos después de un incidente ocurrido en el penal.
Al día siguiente, el organismo informó que una persona había resultado lesionada por un objeto punzocortante durante una riña en el Módulo 2 y que había requerido atención hospitalaria.
La autoridad de derechos humanos acudió al establecimiento, realizó entrevistas y documentó la situación.
Esto significa que la existencia de problemas de seguridad penitenciaria no quedó restringida a versiones anónimas en redes sociales. Hubo una actuación institucional formal.
En septiembre de 2026, el penal volvió a aparecer en publicaciones periodísticas.
Esta vez, las acusaciones fueron más allá de los presuntos cobros ilegales.
Familiares denunciaron la supuesta comercialización forzada de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas dentro del centro. Quadratín Edomex reportó la difusión de un video en el que dos hombres con el rostro cubierto muestran bebidas y bolsas con sustancias.
Otros medios reprodujeron acusaciones contra un supuesto mando penitenciario al que denunciantes atribuyeron la imposición de cuotas relacionadas con esas actividades.
Estos señalamientos merecen preguntas precisas.
¿Cómo se controla el ingreso de mercancías a un establecimiento penitenciario? ¿Qué registros existen sobre revisiones, decomisos e investigaciones internas? ¿Qué ocurre cuando una persona denuncia que ha sido obligada a participar en una actividad ilícita? ¿Quién verifica que los mandos encargados de la custodia cumplan sus obligaciones?
El discurso de seguridad: La extorsión también puede cruzar los muros
Denuncias recientes, insisten en presuntas extorsiones, torturas, cobros dentro de las celdas, tráfico de drogas e introducción irregular de equipos. También afirma que algunas extorsiones podrían originarse desde el penal.
En octubre de 2026, la Presidencia de la República informó sobre miles de detenciones relacionadas con delitos de alto impacto y sobre acciones contra la extorsión. También destacó operativos de vigilancia y decomisos dentro del sistema penitenciario federal.
Son indicadores que forman parte de la rendición de cuentas. Pero las cifras nacionales no sustituyen las explicaciones sobre un establecimiento estatal concreto.
Las familias que denuncian abusos en Chalco no necesitan únicamente escuchar cuántos operativos se realizaron en el país.
Necesitan saber qué sucedió en el lugar donde están sus familiares.
Cuántas denuncias fueron investigadas.
Cuántos funcionarios han sido sometidos a procedimientos administrativos o penales.
Cuántas personas recibieron protección.
Cuántos dispositivos o sustancias prohibidas fueron asegurados.
Y, sobre todo, cuáles son los resultados verificables de esas intervenciones.
En noviembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que doce establecimientos penitenciarios concentraban el 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión al número 089.
¿Y el gobierno de Delfina Gómez?
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza el Poder Ejecutivo del Estado de México, entidad responsable de la administración de este centro penitenciario.
La exigencia consiste en reclamar a su gobierno resultados verificables de vigilancia, control institucional y protección de derechos humanos.
¿Por qué las denuncias sobre cobros y amenazas reaparecen durante distintos periodos?
¿Qué se investigó después de los acontecimientos de julio de 2025?
¿Qué resultados produjeron las inspecciones?
¿Existe alguna investigación formal sobre las acusaciones difundidas en septiembre de 2026?
¿Se ha garantizado que las personas internas y sus familiares puedan denunciar sin sufrir represalias?
La administración penitenciaria no puede reducir su función a cerrar puertas, contar internos y mantener vigilancia perimetral.
Su responsabilidad también consiste en impedir que la violencia, la explotación o el miedo se conviertan en reglas informales de convivencia.
Detrás de los muros también existe la Constitución
El caso de Chalco exige una revisión independiente que permita esclarecer los señalamientos, identificar posibles víctimas y ofrecer garantías efectivas de protección.
Esa revisión debe acompañarse de investigaciones ministeriales cuando existan indicios de delitos, supervisión de derechos humanos y mecanismos confidenciales que eviten castigos contra quienes proporcionen información.
También corresponde garantizar el derecho de respuesta de las personas y autoridades señaladas, preservando al mismo tiempo la identidad de posibles víctimas y testigos.
La cárcel no está fuera del Estado de derecho.
Sus muros no suspenden la Constitución.
Y la privación de la libertad jamás debe convertirse en una autorización para la extorsión, la tortura o el abuso.
En Chalco, la pregunta más urgente no es solamente quién cobra, quién amenaza o quién vende lo que estaría prohibido. Es quién está obligado a impedirlo, qué ha hecho para conseguirlo y por qué las denuncias siguen apareciendo.
Por Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmail.com / sinmco.og / ansic.mx
Nota editorial: Este reportaje se fundamenta en información pública, documentos oficiales, antecedentes periodísticos y una denuncia recibida. Las imputaciones que no cuentan con corroboración independiente se presentan como acusaciones pendientes de investigación.