Habitantes de la Costa atribuyen despojos y amenazas un grupo delincuencial. Cuestionan la atención oficial y aseguran que el miedo a represalias frena las denuncias.

México.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca identificó oficialmente en agosto de 2026 la operación de la célula Los Rusos en ocho municipios de la Costa, pero habitantes de Santo Domingo Armenta, El Ciruelo y Llano Grande denuncian que los robos y las amenazas persisten pese a detenciones y enfrentamientos. Sus testimonios plantean una pregunta incómoda para las autoridades: ¿qué protección reciben las comunidades después de los golpes contra el grupo?

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que Los Rusos es un brazo armado vinculado al Cártel de Sinaloa y a José Gil Caro Quintero, con base principal en Guerrero y extensión hacia la franja limítrofe. La identificación oficial incluyó Santiago Tapextla, Santiago Llano Grande, Santo Domingo Armenta y El Ciruelo (Santiago Pinotepa Nacional).

Rodríguez Alamilla atribuyó al grupo distribución de cristal y cocaína, portación ilegal de armas, secuestro, trasiego de droga y ejecución de vendedores rivales. En ese contexto, se reportó la detención de Z.S.S., alias “El 07”, por el homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, así como la muerte de “El 09” o “El Gordo” y otros integrantes en un enfrentamiento en agosto.

Esas acciones forman parte de la respuesta institucional reportada y no pueden omitirse. Sin embargo, los habitantes describen otra dimensión de la inseguridad: interceptaciones armadas a conductores, despojo de vehículos y pertenencias, ingresos a domicilios, robo de ganado, amenazas y cobro de piso que atribuyen localmente al mismo grupo.

Los testimonios requieren investigación y no acreditan por sí solos la responsabilidad de Los Rusos en cada hecho. Los pobladores aseguran que la situación se arrastra desde hace años y que el temor a represalias les impide presentar denuncias formales: el silencio que describen no equivale a una ausencia de violencia.

Los denunciantes señalan falta de atención de la diputada local Clarissa Bornios (Distrito 22, Pinotepa Nacional), de René Serrano, director de Obras de CABIEN, de Gilberto Melo Guzmán, titular del Instituto Catastral, y de autoridades municipales. También afirman que ninguna autoridad estatal ha acudido a sus comunidades afromexicanas; el material disponible no incluye una respuesta de las personas e instituciones señaladas.

Algunas víctimas sostienen que, cuando acuden a la Fiscalía, se les exigen “pruebas suficientes” antes de recibir su denuncia. Esa versión exige una respuesta precisa de la institución: ¿cómo recibe y atiende los reportes de personas que aseguran estar amenazadas y qué medidas de protección les ofrece?

La información proporcionada refiere investigaciones sobre homicidios de funcionarios en Cacahuatepec y enfrentamientos de alto impacto, pero no aporta registros públicos de investigaciones específicas sobre el patrón de despojos denunciado en caminos y domicilios de Tapextla, Armenta y El Ciruelo. Ese vacío documental no permite concluir que tales investigaciones no existan, pero sí deja pendiente conocer su alcance y sus resultados.

Los testimonios también cuestionan que los operativos de presencia policial difundidos en redes oficiales hayan reducido el temor cotidiano. La exigencia de intervención de la SSPC, la FGR y la Fiscalía estatal mediante coordinación expresa la percepción de insuficiencia de la respuesta local. La pregunta sigue abierta: ¿cómo se traducen las detenciones y los operativos en seguridad para transitar, trabajar y permanecer en casa?

Agencia ANSIC.MX