Una investigación documenta compras, robos y reventas entre jóvenes de Arizona. Sus ganancias y contactos ponen bajo escrutinio la respuesta de ambos gobiernos ante una cadena que sigue operando.
México.- Estudiantes y exalumnos de secundaria del oeste de Phoenix, Arizona, de entre 16 y 19 años, participan en la compra, robo y reventa de armas que terminan en manos de operadores de cárteles mexicanos, principalmente del Cártel de Sinaloa, según una investigación de Paulina Villegas publicada en The New York Times el 3 de octubre de 2026 y actualizada el 5. El reportaje documenta un eslabón juvenil del suministro de armamento y plantea una pregunta incómoda para ambos gobiernos: ¿cómo se corta una cadena que conocen y que sigue operando?
Los cuatro jóvenes, referidos colectivamente como Los Chicos Phoenix e identificados con apodos como JM, El Flaco y El Güero, permitieron a la reportera observar transacciones en tiempo real mediante chats grupales encriptados de WhatsApp y Telegram. La investigación corroboró sus identidades con documentos oficiales y sus actividades con autoridades estadounidenses y expertos en tráfico.
Según el reportaje, consiguen pistolas y rifles de alto calibre, de estilo AR-15 y AK, mediante compras legales cuando alcanzan la mayoría de edad o usando prestanombres, además de robos y redes de compraventa. JM afirmó coordinar estudiantes de al menos 20 secundarias; esa dimensión corresponde a su testimonio, no a un conteo oficial.
Los jóvenes dicen actuar por dinero, estatus y pertenencia, sin lealtad a un cártel. El Flaco, de 18 años, declaró: “Lo que hagan y a quién maten no me importa, siempre y cuando gane mi dinero. Estoy seguro de que no son inocentes”. La supuesta culpabilidad de quienes reciben los disparos es una justificación del entrevistado, no un hecho acreditado.
El incentivo económico tiene cifras concretas: un rifle estilo Kalashnikov adquirido en unos 700 dólares se revende en 1 200, y otras operaciones alcanzan márgenes similares. Un entrevistado aseguró obtener entre 4 000 y 5 000 dólares incluso en un “mal mes”. Los fines de semana, los jóvenes practican tiro en el desierto de Sonora, a las afueras de Phoenix.
El problema no se agota en cuatro testimonios. Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), citados en coberturas del reportaje, indican que, de más de 11 000 traficantes cuyas edades se identificaron en investigaciones de 2017 a 2021, alrededor del 33 % tenía menos de 25 años y cerca del 5 % era menor de 17. Esas cifras aportan contexto sobre la participación juvenil, aunque no prueban por sí mismas el alcance de la red descrita por JM.
Autoridades mexicanas estiman que hasta 500 000 armas de fuego ingresan ilegalmente desde Estados Unidos a México cada año. En 2025, el 71 % de las armas rastreadas en México tuvo origen estadounidense: el porcentaje corresponde a las armas rastreadas, no a la totalidad de las existentes en el país.
La investigación identifica como facilitadores la proximidad fronteriza, la presencia de operadores de cárteles en territorio estadounidense, las leyes permisivas de Arizona y las aplicaciones de mensajería. Los jóvenes rara vez cruzan personalmente con cargamentos: recurren a intermediarios, contrabando hormiga y pasadores en zonas del desierto.
Mientras se anuncian operativos y se litiga contra fabricantes, el reportaje muestra a estudiantes que tratan el suministro de armas como un negocio de ganancias inmediatas. ¿Qué resultados tienen esas respuestas frente al reclutamiento juvenil, los intermediarios y las transacciones documentadas? Los anuncios oficiales no resuelven, por sí solos, esa pregunta.
Agencia ANSIC.MX
