Si salió de los sicarios, es la prueba de que el operativo no previó cómo proteger a la población civil.

México.- Arayza tenía siete años y no pudo regresar a casa. Era ciudadana estadounidense y viajaba en una camioneta negra con otros siete menores y una mujer, que también resultó herida; así lo confirmó a El Financiero el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco.

Murió el jueves 29 de octubre cuando pasaba por el ejido Las Rusias, mientras en la región había enfrentamientos armados. Lo que cuenta su familia es muy grave: según un familiar, les dispararon desde un helicóptero de fuerzas policiales; una bala le dio en el pie a la mujer que manejaba y otra en la cabeza a la niña. Nadie lo ha confirmado de manera oficial, y por eso mismo el Estado no se puede esconder detrás de un comunicado de dos líneas.

Si la bala salió de un arma oficial, es un crimen de Estado. Si salió de los sicarios, es la prueba de que el operativo no previó cómo proteger a la población civil. En cualquiera de los dos casos, hay responsables.

La respuesta oficial fue fría y escasa. La Vocería informó “el lamentablemente fallecimiento de una menor de edad, así como dos personas lesionadas”, sin dar su nombre, sin explicar qué pasó y sin decir quién disparó.

El gobierno, que sí publicó de inmediato el alias, la familia y el historial del detenido, sobre la niña solo dijo que la Fiscalía investiga para “deslindar las responsabilidades conforme a derecho”. Mientras tanto, la ciudad estaba tomada: Las autoridades reconocieron 12 sectores bloqueados, ocho en Matamoros y cuatro en Río Bravo.

Hubo tráileres y pipas atravesados, vehículos incendiados, ponchallantas, el transporte público suspendido, gente refugiada en centros comerciales y cuatro puentes internacionales cerrados. Un operativo que termina con una niña muerta en la calle no se puede presentar como un éxito.

Lo que más indigna es que esta tragedia se podía prever. El mismo hombre cuya captura terminó con la vida de Arayza ya había sido detenido por el Ejército el 7 de mayo de 2023, y el 18 de enero de 2024 un juez decidió que siguiera su proceso en libertad.

Desde entonces, las autoridades lo señalan como responsable de la agresión en la que murió Marcelo Vázquez Vázquez, agente del Servicio de Protección Federal asignado a la vigilancia del consulado estadounidense en Matamoros.

El sistema lo dejó salir, el cártel volvió a armarse y la cuenta la pagó una niña de siete años. García Harfuch y el Gabinete de Seguridad le deben a Tamaulipas tres cosas: el peritaje balístico completo y público, el nombre de quien disparó y la garantía de que “El Titán” no saldrá libre otra vez por la misma puerta.

Agencia ANSIC.MX