Las organizaciones señalan exclusión de comunidades, falta de traducciones y plazos insuficientes para analizar la propuesta; sostienen que su contenido vulnera la autonomía y la libre determinación.
El Colectivo Caminos de Vida y Resistencia rechazó, mediante un posicionamiento, la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México, al considerar que vulnera la autonomía de las comunidades.
La agrupación, integrada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), entre otras organizaciones, calificó la propuesta como un “despojo legalizado”. Sostuvo que tanto su contenido como el proceso de consulta desconocen el derecho colectivo a la libre determinación.
Según el colectivo, al menos 112 comunidades, municipios y regiones de 15 pueblos indígenas y afromexicanos del país han manifestado inconformidad o rechazo a la iniciativa. La organización señaló que los cuestionamientos abarcan el contenido de la propuesta y la forma en que las autoridades la sometieron a consulta.
Entre las irregularidades denunciadas, mencionó la exclusión de comunidades y personas que no estaban inscritas previamente en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). También afirmó que las comunidades tuvieron 37 días o menos para estudiar un documento de 453 artículos, redactado con vocabulario técnico y sin traducciones a los distintos idiomas indígenas.
El posicionamiento agregó que las asambleas regionales dispusieron de menos de cinco horas de trabajo para escuchar las intervenciones comunitarias. A juicio del colectivo, esas condiciones impidieron una participación informada y contravinieron disposiciones constitucionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sobre el contenido de la iniciativa, las organizaciones sostuvieron que burocratiza la autonomía y debilita el consentimiento previo, libre e informado. También advirtieron que, desde su perspectiva, facilitaría la privatización de tierras y territorios, en continuidad con las políticas que vinculan con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992.
De acuerdo con el posicionamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina una ampliación de la consulta ante las inconformidades expresadas por los pueblos. El colectivo sostuvo que las comunidades continuarán defendiendo sus territorios y sus formas de organización autónoma, y reivindicó la tierra como sustento de su vida comunitaria, identidad y espiritualidad.