La estimación no permite saber cuántos son menores de edad. Las organizaciones denuncian vacíos de información y obstáculos de atención: ¿cómo proteger a una población que las autoridades no identifican suficientemente?

México.- Un informe de Tejiendo Redes Infancia y el Observatorio Infancia Latina estima que aproximadamente 165 mil personas podrían ser hijas e hijos de personas desaparecidas en México. La investigación denuncia una omisión institucional: las autoridades carecen de información suficiente para identificar a esta población, conocer sus necesidades y establecer qué atención recibe.

El cálculo se construyó a partir de 103,176 registros oficiales de personas desaparecidas de entre 15 y 49 años. Es una aproximación estadística, no un padrón de víctimas indirectas, y no permite determinar cuántas son actualmente menores de edad. Ese límite impide presentar la cifra como un conteo de niñas y niños, pero deja abierta una pregunta incómoda: ¿cómo evaluar la protección que reciben si ni siquiera se conoce con precisión quiénes son?

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, advirtió que las instituciones han fallado al no identificar suficientemente a estas víctimas indirectas ni desarrollar una respuesta pública articulada. El diagnóstico señala pérdidas de cuidados, estabilidad económica, oportunidades educativas y redes familiares de protección, además de riesgos de violencia, explotación, desplazamiento y reclutamiento criminal para niñas, niños y adolescentes.

En Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estimó 8,941 niñas y niños afectados por la desaparición de familiares. Esa cifra corresponde a familiares desaparecidos, no exclusivamente a madres o padres, una distinción necesaria para no confundir poblaciones. Por su parte, Tejiendo Redes Infancia denuncia que los programas existentes en algunos estados enfrentan restricciones presupuestales y requisitos que dificultan el acceso.

Según Pérez García, el informe se compartió con autoridades sin que, hasta la entrevista publicada en octubre, hubieran recibido respuesta de los sistemas DIF. El señalamiento coloca bajo escrutinio la atención institucional: ¿qué seguimiento se dio al diagnóstico y qué mecanismos permiten comprobar que estas familias reciben acompañamiento?

El Gobierno federal sostiene que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y reportó más de 16 mil localizaciones durante 2026, además de anunciar una revisión especializada del Registro Nacional. Esas acciones forman parte de la respuesta oficial, pero no permiten establecer, por sí mismas, cómo se identifica y atiende a las hijas e hijos de quienes continúan desaparecidos. Reportar localizaciones no responde a todas las necesidades de las familias.

Tejiendo Redes reclama políticas públicas con presupuesto y resultados verificables. La exigencia involucra a la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones de atención a víctimas, los sistemas DIF y las autoridades estatales: ¿cómo coordinarán la identificación de esta población, la atención psicológica, la continuidad educativa, la protección social y el acceso efectivo a la justicia? La cuestión no se agota en reconocer el problema, sino en demostrar qué protección llega a quienes enfrentan sus consecuencias.

Agencia ANSIC.MX