– La regulación contempla excepciones y un enfoque preventivo. La prueba será acreditar resultados, escuchar al alumnado y evitar que la restricción derive en castigos o decisiones arbitrarias.

México.- El Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) restringirá el uso de dispositivos personales durante clases y recreos en educación básica a partir del 3 de noviembre de 2026. La decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum coloca una exigencia frente al discurso oficial: demostrar que limitar las pantallas mejora la educación y no se queda en una imposición burocrática.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre, el acuerdo contempla excepciones por necesidades pedagógicas, emergencias, salud, discapacidad o accesibilidad. En bachilleratos, cada institución deberá establecer reglas con participación de su comunidad educativa; las universidades conservarán su autonomía. Estos alcances importan: la regulación no equivale a una prohibición absoluta en todos los niveles.

El secretario de Educación, Mario Delgado, sostiene que la medida busca recuperar la concentración, la creatividad y la convivencia presencial. Según la SEP, el 81.2 % de las figuras educativas consultadas favoreció establecer reglas nacionales. Ese respaldo, sin embargo, no acredita por sí mismo resultados ni sustituye la participación del alumnado: ¿cómo se incorporarán sus necesidades y objeciones?

En su artículo ¿Celulares fuera?, publicado el 30 de octubre en Rebelión, Nael Ramírez Domínguez advierte que imponer restricciones sin comprender las necesidades de los adolescentes puede afectar sus vínculos sociales y su percepción de seguridad. Su advertencia abre una discusión que la defensa de la concentración no agota: ¿qué acompañamiento tendrán quienes recurren a la tecnología para buscar apoyo?

El autor cita la Encuesta Nacional sobre Inteligencia Artificial Generativa 2025, atribuida a la SEP, según la cual el 51 % de estudiantes consultados utiliza inteligencia artificial para pedir consejos relacionados con ansiedad, estrés o depresión. El dato requiere revisión directa en el informe original antes de generalizarse a toda la población estudiantil; no permite, por sí solo, caracterizar a todos los jóvenes.

La UNESCO documentó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos ya contaban con prohibiciones nacionales de teléfonos móviles. La cifra muestra una tendencia internacional, no una garantía de eficacia: ¿con qué indicadores evaluará la SEP los resultados de su propia regulación?

Ramírez Domínguez también pide evitar que las decisiones escolares provoquen rechazo juvenil hacia el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Ese enfoque merece un cuestionamiento frontal: la protección de los derechos estudiantiles no debe subordinarse a conservar simpatías hacia un proyecto político.

La SEP afirma que el acuerdo privilegia un enfoque formativo y preventivo sobre uno exclusivamente punitivo. La prueba estará en su aplicación: ¿cómo funcionarán las excepciones, qué participación tendrá el alumnado y qué mecanismos atenderán posibles abusos? El respaldo a las reglas no es un cheque en blanco para la autoridad.

Agencia ANSIC.MX