CIUDAD DE MÉXICO – En un hecho sin precedentes, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía de los Estados Unidos han presentado una acusación penal formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Al mandatario estatal, emanado del partido Morena, se le señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por facilitar la distribución de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
El expediente ha sido turnado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla, quien supervisará el proceso legal derivado de esta investigación de alcance internacional.
De acuerdo con los documentos presentados por el gobierno de EE. UU., la colusión habría iniciado tras las elecciones de 2021. La acusación sostiene que Rocha Moya, junto al actual senador Enrique Inzunza Cázarez, sostuvo reuniones con líderes de la organización criminal, específicamente con la facción de "Los Chapitos".
Según el informe, dichos encuentros —custodiados por sicarios armados— sirvieron para pactar el control de la Policía Estatal a favor del grupo delictivo, como contraprestación por el apoyo brindado para que Rocha Moya alcanzara la gubernatura.
La acusación no se limita al gobernador; incluye a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa y del municipio de Culiacán, entre los que destacan:
Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República.
Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Finanzas estatal.
Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa.
Juan de Dios Gámez Mendivil: Alcalde de Culiacán.
Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad de Sinaloa.
Mandos policiales y de investigación como Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez.
Ante la gravedad de los señalamientos, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó categóricamente las imputaciones, calificándolas de "carentes de veracidad y fundamento". El mandatario afirmó que se trata de un ataque político contra el movimiento de la "Cuarta Transformación" y una estrategia para vulnerar el orden constitucional de México.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional con fines de extradición ayer a las 18:00 horas. La Cancillería informó que la documentación ya fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación bajo la legislación mexicana. No obstante, el gobierno federal emitió un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos, criticando la difusión pública de la información y señalando la presunta falta de pruebas anexadas en las solicitudes iniciales.
Fuente: Agencia ANSIC.MX